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Según datos de la Secretaría de Salud en México, antes de 2018, una de cada 4 personas de 18 a 65 años presentaba algún tipo de trastorno mental, equivalente a 15 millones de mexicanos.
Después de la pandemía, esta cifra aumentó de manera alarmante, puesto que la tasa de adultos con depresión, sólo uno de tantos padecimientos que afectan a la mente creció nueve veces en comparación con 2019.
Ante estos datos, nos damos cuenta que entre 2013 y 2021, México presupuestó sólo 2.1 por ciento del presupueto de esta Secretaria para atender la salud mental.
A pesar de las necesidades que requieren estos padecimientos, a principios del mes de abril la Cámara de Diputados aprobó cambios a la ley en materia de salud mental y adicciones, con el fin de desaparecer los hospitales psiquiátricos, al tiempo que regulan normas de internamiento de una persona en un centro de atención.
Al parecer, esta ley tiene buenas intenciones, pero como algunas de los gobiernos, está llena de ocurrencias. Me explico:
En aras de preservar los derechos humanos de los pacientes, ésta busca prevenir el encierro forzoso de las personas que consumen drogas o evitar en su caso, el aislamiento de los pacientes.
Lo anterior puede ser positivo, pero una vez más, la causa principal no se ataca y se intenta corregir de manera sesgada o incompleta.
- El primer primer problema que encontramos es que esta ley mezcla adicciones con problemas psiquiátricos, si bien es cierto deriban de la salud mental, también lo es que sus causas y consecuencias son distintas.
- Lleva esto al extremo, ya que personas que requieren tratamiento psiquiátrico serán ahora tratadads de manera ambulatoria,
- Pensemos también en las personas inimputables, no podrán ser tratadas en psiquiátricos o internados en ellos, por lo que serían llevados a cárceles, lo cual evitaría su adecuado tratamiento, al ser tratados como delincuentes y no como pacientes, algunos incluso de alto riesgo.
Esto resultaría delicado y grave, tal parece que la salud mental no ha sido trtada de manera seria.
Lo anterior, crea un vacío al derecho a la salud y sobre todo a la salud mental.
Qué haran las familias que tienen un enfermo con problemas de salud mental. Muchos de ellos no saben en términos generales cómo tratar estos padecimientos, que cuiados requieren sus pacientes, por lo que se hace indispensable diagnósticos adecuados, pero también cuidados especializados que no se pueden atender en cualquier lado.
Nadie, hoy en día, penaría que cancerología deberá desaparecer par integrarlos al resto de las clínicas. Lo mismo pasa con los psiquiátricos.
Posiblemente el tabu que aún eiste en hablar de temas de salud mental, sea lo que ocasiona que nadie ahonde en él.
Al final, la intención puede ser buena. Sin embargo, como en muchos otros temas, el gobierno federal no tiene claro aún como funcionarían estas adaptaciones.
Las preguntas quedan en el aire. ¿Habrá ampliación presupuestal en cada uno de los hospitales generales? ¿Habrá pabellones dentro de los mismos espacios con pacientes de alto riesgo?, ¿habrá suficiente personal para afrontar cualquier situación derivada de estos padecimientos?
¿Con qué indicadores le podremos dar seguimiento para saber si la reforma ha sido exitosa?
Las preguntas están en el aire. Comparte y coméntanos, qué opinas de esta nueva reforma legal.
